Una artista pregunta en el Ayuntamiento cómo puede exponer en la sala del pueblo. Le dicen que deje su nombre y que ya la llamarán. Pasan dos años y no la llaman. Mientras tanto ve pasar por esa sala una exposición tras otra, y ninguna se anunció en ningún sitio. La conclusión que saca es la que saca casi todo el mundo: que eso funciona por conocidos. Lo que casi nadie sabe es que en Conil de la Frontera existe, desde febrero de 2021, un documento firmado que obliga a hacerlo de otra manera. Las salas de exposiciones municipales del municipio no se reparten: se convocan.

Este artículo recorre siete claves sobre esas tres salas y sobre el procedimiento que las rige. Analiza el decreto que las regula apartado por apartado, explica qué obliga y a quién, lo compara con lo que publican otros ayuntamientos, recoge el precedente judicial de 2026 que da la medida de lo que está en juego, reconstruye el manifiesto que reunió 88 firmas y detalla, punto por punto, la solicitud de acceso a la información pública que hemos dirigido al Ayuntamiento.

Clave 1

Las tres salas de exposiciones municipales de Conil y de quién son

Conviene empezar por lo elemental, porque ahí está el equívoco de fondo. Las salas de exposiciones municipales de Conil son bienes de dominio público afectos a un servicio público. No son propiedad del alcalde, ni de la concejalía, ni del equipo de gobierno que esté en cada momento. Son bienes de titularidad del municipio, es decir, de sus vecinos, cedidos temporalmente a la gestión de quienes gobiernan.

Esa distinción, que parece teórica, tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si el espacio fuera privado, su dueño podría elegir a quién invita sin dar explicaciones. Como las salas de exposiciones municipales son públicas, quien las administra no elige: aplica un procedimiento. Y si no hay procedimiento, o no se aplica, el problema deja de ser de gusto estético y pasa a ser de legalidad.

Los tres espacios que la norma enumera como salas de exposiciones municipales

El decreto municipal que analizaremos en la clave 2 nombra, uno por uno, los espacios expositivos de titularidad del Ayuntamiento de Conil de la Frontera: la Sala de Exposiciones Torre de Guzmán, el Centro Cultural Santa Catalina y la Sala de Exposiciones de La Chanca. Tres edificios muy distintos entre sí, y los tres sometidos al mismo régimen jurídico por ser salas de exposiciones municipales.

La Torre de Guzmán es el emblema patrimonial del municipio y su sala tiene una identidad propia difícil de igualar. El Centro Cultural Santa Catalina funciona como equipamiento cultural de uso continuado. Y La Chanca, antigua almadraba, aporta dos espacios de gran formato —la Nave de la Sal y el patio de trabajo— que permiten instalaciones imposibles en una sala convencional.

Las salas de exposiciones municipales son una competencia legal, no una iniciativa voluntaria

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los municipios competencias propias en promoción de la cultura y equipamientos culturales. No se trata de una actividad graciable que el consistorio ofrece si le sobra presupuesto: es una función pública que la ley le encomienda y que, por tanto, queda sometida a las reglas del derecho administrativo.

Esto significa que todo lo que ocurre en las salas de exposiciones municipales —quién entra, con qué criterio, durante cuánto tiempo y en qué condiciones— se produce dentro de un procedimiento administrativo. Y todo procedimiento administrativo genera documentos, plazos, resoluciones y derechos de los interesados.

Cómo clasifica la ley el uso de las salas de exposiciones municipales

El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, clasifica en su artículo 75 los usos posibles de un bien de dominio público: uso común general, uso común especial, uso privativo, uso normal y uso anormal. Ocupar una de las salas de exposiciones municipales durante tres semanas con obra propia no es un uso común general como pasear por una plaza: es un uso cualificado que exige un título habilitante.

Y aquí llega el precepto que más interesa a un artista. El artículo 77 de ese reglamento establece que las licencias para el uso común especial se otorgan directamente, salvo cuando su número esté limitado. En ese caso dispone que se otorgarán «por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo». El artículo 78 añade que el uso privativo y el uso anormal quedan sujetos a concesión administrativa, y que «las concesiones se otorgarán previa licitación».

Por qué la escasez obliga a convocar las salas de exposiciones municipales

La lógica del reglamento es sencilla y muy antigua: cuando hay más aspirantes que plazas y las plazas son de todos, no puede decidir el criterio personal de quien custodia la llave. Tiene que haber concurrencia. Las salas de exposiciones municipales de Conil suman cincuenta y dos semanas al año cada una, y los artistas que trabajan en la provincia de Cádiz se cuentan por centenares. La limitación es evidente, y con ella nace la obligación de concurrencia.

Clave 2

El decreto de 2021 que regula las salas de exposiciones municipales de Conil

El documento existe, está firmado y es verificable. Se trata de las Normas de Funcionamiento de la Red de Salas de Exposiciones de Titularidad Pública del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, aprobadas por decreto de Alcaldía de 10 de febrero de 2021, expediente 446, con referencia 2021D00372. Está firmado electrónicamente por la Alcaldía y por la Secretaría accidental, lleva código de verificación para contrastarlo en la sede electrónica municipal y se dictó a propuesta de la Concejalía Delegada de Cultura y Educación.

Son siete páginas. Y contienen, de principio a fin, un procedimiento completo para adjudicar las salas de exposiciones municipales del municipio, desde la solicitud hasta la resolución.

Los cinco elementos del procedimiento de las salas de exposiciones municipales

El primero es el objeto: qué salas de exposiciones municipales se convocan. Ya lo hemos visto, son tres y aparecen nombradas una por una.

El segundo es la participación. La norma la abre a todos los artistas residentes en España, sin distinción de nacionalidad, individual o colectivamente, en cualquier modalidad de las artes plásticas y visuales. Incluso prevé un criterio de rotación: a igualdad de puntuación técnica, tienen preferencia quienes no hayan expuesto en esos espacios en los dos años anteriores.

El tercero es el plazo, y es donde una convocatoria de salas de exposiciones municipales se vuelve real o se queda en papel mojado. La norma fija el 31 de mayo como fecha límite de presentación, entendiéndose que la solicitud se refiere a una exposición a celebrar el año siguiente. La programación, por tanto, se cierra con año y medio de antelación y mediante concurrencia.

El cuarto es la documentación: fotocopia del DNI o pasaporte, currículo artístico y un dosier del proyecto con fundamentación teórica, público objetivo y un apartado fotográfico de al menos diez imágenes, indicando título, año, técnica y dimensiones de cada obra. Para instalaciones, memoria explicativa, planos, bocetos y las cuestiones técnicas de montaje.

Y el quinto es la selección, que por su importancia merece la clave siguiente entera.

Los criterios de valoración que la norma publica

Una convocatoria seria de salas de exposiciones municipales publica cómo puntúa. Aquí son cuatro criterios, cada uno de 0 a 5 puntos, de manera que el máximo alcanzable son veinte puntos por evaluador.

Criterio	Puntuación	Qué valora en la práctica
Currículo del artista	0 a 5	Trayectoria acreditada: exposiciones anteriores, formación, premios, presencia en colecciones.
Calidad e innovación del proyecto	0 a 5	Solidez de la propuesta y aportación respecto de lo ya visto en el circuito.
Originalidad del proyecto	0 a 5	Planteamiento propio, no repetición de fórmulas ajenas.
Interés de la propuesta para el proyecto cultural de la localidad	0 a 5	Encaje con el tejido cultural del municipio y con su público.

Que los criterios estén publicados no es un detalle formal. Es lo que permite a un artista de Conil preparar su candidatura sabiendo a qué juega, y lo que permite después comprobar si la decisión fue coherente. Sin criterios aplicados no hay convocatoria de salas de exposiciones municipales: hay una lista de espera opaca.

Qué ocurre después de la selección en las salas de exposiciones municipales

La norma regula también el final del procedimiento, y conviene conocerlo porque genera derechos. Los seleccionados reciben comunicación escrita de la decisión, con las fechas y el espacio concedidos. Disponen de diez días para aceptar. Cerradas aceptaciones y renuncias, se dicta un decreto de adjudicación con notificación individual a cada uno de los solicitantes, hayan sido seleccionados o no.

Ese decreto es la pieza clave de todo el sistema. Es un acto administrativo: existe en el expediente, se puede pedir, se puede recurrir y deja rastro. Cada exposición celebrada en las salas de exposiciones municipales debería poder rastrearse hasta un decreto de adjudicación concreto.

Las dos líneas de programación de las salas de exposiciones municipales

El documento distingue además dos modalidades. En la línea A, de programación directa, el Servicio Municipal de Cultura se hace cargo de todo el proceso expositivo: instalación, difusión, apertura, vigilancia, recogida y embalaje de las piezas. En la línea B, de programación indirecta, la propuesta viene de entidades, colectivos o artistas que gestionan por su cuenta, y el uso en exclusiva devenga una tasa municipal.

Esa tasa está publicada y cualquiera puede consultarla. En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 172, de 9 de septiembre de 2019, figura la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de los espacios demaniales del Ayuntamiento, con las cuotas por hora de cesión de cada edificio: la sala de exposiciones de la Torre de Guzmán, el Centro Cultural Santa Catalina, la Nave de la Sal y el patio de trabajo de La Chanca, entre otros. Conocer esas cifras es útil: si alguien te dice que el uso del espacio «no tiene precio» o, al contrario, te reclama una cantidad que no figura en la ordenanza, ya sabes dónde mirar.

La norma de las salas de exposiciones municipales añade una obligación que también conviene tener presente: los artistas seleccionados deben ceder los derechos de exhibición colectiva, reproducción y distribución de información e imágenes de las obras expuestas para su difusión promocional. Es una cesión limitada a la promoción de la actividad, no una cesión general de derechos de explotación, y así conviene entenderla y hacerla constar.

Clave 3

El comité que la norma exige para las salas de exposiciones municipales

Llegamos al corazón del sistema de acceso a las salas de exposiciones municipales. El decreto establece, con una precisión que no deja margen, quién decide:

Y a continuación precisa el mecanismo de decisión: «Cada componente de la comisión valorará las solicitudes presentadas, haciendo posteriormente un sumatorio general».

Tres consecuencias para las salas de exposiciones municipales

1. La pluralidad es constitutiva, no decorativaSi bastara el criterio de una sola persona, la norma no exigiría profesionales con experiencia en artes plásticas y visuales ni hablaría de sumar las puntuaciones de cada componente. Una persona sola no produce un sumatorio. En las salas de exposiciones municipales el mecanismo de decisión es aritmético y colegiado por definición.
2. La concejalía preside, no resuelvePresidir un órgano colegiado no es decidir por él. Es convocarlo, ordenar sus sesiones y, en su caso, dirimir empates. La valoración corresponde al conjunto de sus miembros, cada uno con su puntuación.
3. El personal técnico da fe, no puntúaEl Servicio Municipal de Cultura actúa como secretaría del comité. Levanta acta y certifica lo acordado. No es un evaluador más, ni puede sustituir al órgano ni asumir su función.

El principio que blinda las salas de exposiciones municipales: inderogabilidad singular

Aquí está el argumento jurídico más sólido de todo este artículo, y conviene que cualquier artista lo memorice. El artículo 37.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, establece el principio de inderogabilidad singular de las disposiciones generales: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó esa disposición.

Traducido al caso: mientras el decreto de 2021 esté vigente, ni siquiera la Alcaldía que lo firmó puede apartarse de él en un caso concreto. Puede modificarlo. Puede derogarlo. Lo que no puede es dejarlo vigente sobre el papel y actuar al margen, porque entonces estaría dictando una resolución particular contraria a su propia norma general. Y esa modificación o derogación, si existiera, sería un documento público que cualquier vecino puede pedir.

Qué no dice este principio sobre las salas de exposiciones municipales

Conviene ser precisos, porque la precisión es lo que hace fuerte un argumento. Este principio no impide que un ayuntamiento tenga personal dedicado a la gestión cultural, ni que exista una dirección artística, ni que se programen actividades propias. Lo que impide es que la función que la norma atribuye a un órgano colegiado la ejerza otro órgano, o una sola persona, sin que la norma se haya modificado antes. El problema nunca es que exista un puesto: es qué decide ese puesto y con qué cobertura.

Clave 4

Lo que cuesta saltárselo: un precedente de 2026

Durante décadas, saltarse los procedimientos de acceso en el ámbito cultural —y las salas de exposiciones municipales son un caso más— se ha considerado una irregularidad menor, casi una costumbre. En julio de 2026 un tribunal dejó claro que no lo es.

Los hechos y la resolución

La Audiencia Provincial de Badajoz dictó sentencia el 14 de julio de 2026 en el procedimiento conocido públicamente como caso David Sánchez. El objeto era la creación, en 2017, de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Según la resolución, el puesto se configuró de manera que sus requisitos encajaran con un candidato determinado.

Las penas impuestas fueron de inhabilitación especial, no de prisión: dieciocho años para el expresidente de la Diputación, por dos delitos de prevaricación administrativa, y nueve años para otras diez personas. El 16 de septiembre de 2026 la Audiencia dictó un auto aclaratorio precisando que la inhabilitación implica la pérdida definitiva de los cargos que los condenados ocupaban cuando ocurrieron los hechos; dos de ellas, concejalas en municipios de la provincia, renunciaron a sus actas. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Qué enseña ese caso sobre las salas de exposiciones municipales

Aunque se trata de una plaza de personal y no de un espacio expositivo, el mecanismo jurídico es idéntico. El artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.

Lo que el tribunal consideró delictivo no fue contratar a un músico ni pagarle más o menos. Fue construir un procedimiento cuya apariencia de concurrencia era falsa. Ese razonamiento es trasladable a cualquier reparto de recursos culturales públicos, incluidas las salas de exposiciones municipales, cuando existe una norma que obliga a convocar y se actúa al margen de ella a sabiendas.

Ninguno de estos cuatro escenarios equivale automáticamente a un delito: la prevaricación exige que la resolución sea arbitraria y que quien la dicta lo sepa. Pero los cuatro son, por sí mismos, defectos de legalidad que cualquier ciudadano puede denunciar por la vía administrativa, que es gratuita y no requiere abogado.

Clave 5

El manifiesto: 88 firmas por unas salas de exposiciones municipales abiertas

Nada de lo anterior es una elaboración de despacho. En 2025, un grupo de artistas y agentes culturales promovió el Manifiesto por la convocatoria pública de los espacios culturales municipales de Conil de la Frontera. Reunió 88 firmas: 30 artistas y 58 personas del ámbito del arte y la cultura, de nueve nacionalidades distintas. El manifiesto se registró como instancia en el Ayuntamiento.

Qué pedía exactamente sobre las salas de exposiciones municipales

Este es el punto que más se ha malinterpretado, y el que da fuerza a toda la reclamación. El manifiesto no pedía que se creara una convocatoria nueva. Pedía que se aplicara la que el propio Ayuntamiento aprobó en 2021. No reclamaba un favor ni una política cultural distinta: reclamaba el cumplimiento de una norma vigente.

Esa diferencia lo cambia todo. Una petición de política cultural se puede atender o no según el criterio del gobierno municipal. Una petición de cumplimiento normativo no admite criterio: o la norma se cumple, o se modifica, o se deroga.

Qué respuesta ha tenido la reclamación

A fecha de publicación de este artículo, la instancia registrada no ha recibido respuesta del Ayuntamiento. El área de cultura sí contestó, con argumentos de carácter general y sin asumir compromisos concretos. No se ha publicado convocatoria alguna con posterioridad, y la situación de las salas de exposiciones municipales del municipio permanece, desde fuera, igual que antes.

Conviene subrayar lo que eso significa en términos jurídicos, porque no es una descortesía. El artículo 21 de la Ley 39/2015 impone a la Administración la obligación de resolver expresamente y notificar en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Esa obligación no decae por el transcurso del plazo: subsiste. Un escrito registrado y no contestado es un incumplimiento, no un olvido.

Clave 6

Qué hemos comprobado sobre las salas de exposiciones municipales de Conil

Toca la comprobación sobre el terreno acerca de estas tres salas de exposiciones municipales, y la hacemos con el rigor que exige escribir sobre una administración concreta: separando lo acreditado, lo que no consta y lo que aún se desconoce.

Lo que está documentado sobre estas salas de exposiciones municipales

El decreto de 10 de febrero de 2021 existe, está firmado electrónicamente y su código de verificación permite contrastarlo en la sede electrónica municipal. Regula los tres espacios citados. Y nos fue remitido por el propio departamento de cultura del Ayuntamiento como normativa aplicable, lo que constituye un acto propio de la Administración sobre su vigencia. La ordenanza fiscal con las tarifas de cesión también existe y está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que no consta publicado

Hemos buscado la convocatoria anual de estas salas de exposiciones municipales que la norma exige. No hemos localizado ninguna publicada: ni en la web municipal, ni en buscadores, ni en los agregadores especializados que recogen convocatorias de artes visuales en España.

La página municipal dedicada a la sala de exposiciones ofrece únicamente un formulario genérico de «Solicitud de utilización» en PDF. No menciona la convocatoria anual. No menciona el plazo del 31 de mayo. No menciona el comité de selección. No menciona los cuatro criterios ni sus puntuaciones. No menciona el decreto de adjudicación ni el derecho a ser notificado. Dicho de otro modo: la información que el Ayuntamiento ofrece hoy a un artista interesado no recoge ninguno de los elementos del procedimiento que su propia norma establece.

Es un contraste llamativo si se compara con las salas de exposiciones municipales de otros ayuntamientos. Zaragoza publica su convocatoria de proyectos expositivos municipales en la sede electrónica, con ficha de trámite. Cartagena publica la selección de artistas y proyectos. El Consell de Mallorca y el Gobierno Vasco hacen lo propio. En todos esos casos, un artista que teclea el nombre de la ciudad y la palabra convocatoria encuentra el procedimiento en el primer resultado.

Lo que todavía no sabemos

Seremos claros, porque esta distinción separa el periodismo de la insinuación. Que no hayamos encontrado la convocatoria no demuestra que no exista: podría haberse difundido por un canal que no hemos localizado o tramitarse internamente sin publicidad. Que la web no mencione el procedimiento no demuestra que el comité no se reúna: podría reunirse sin que se publiquen sus actas. Y el decreto podría haber sido modificado por otro posterior que desconocemos.

Por eso lo que corresponde no es afirmar que las salas de exposiciones municipales de Conil incumplan su norma, sino preguntar por escrito y publicar la respuesta.

Clave 7

Qué puede pedir cualquier vecino sobre las salas de exposiciones municipales

Esta es la parte práctica, y cualquier persona puede hacerla en una tarde, sin abogado y sin coste. No exige acusar a nadie de nada: consiste en pedir papeles que, si todo está en orden, existen.

Los siete documentos que hemos solicitado sobre las salas de exposiciones municipales

1. La vigencia de la normaSi el decreto de 2021 ha sido modificado, suspendido o derogado, total o parcialmente, y copia de la resolución que lo haya acordado.
2. Las convocatoriasCopia de las convocatorias anuales realizadas desde 2021, con indicación del medio y la fecha de publicación de cada una.
3. Las actas de constitución del comitéDe cada ejercicio, con su composición nominal y la condición profesional de cada miembro.
4. Las actas de valoraciónCon las puntuaciones otorgadas conforme a los cuatro criterios y el sumatorio general resultante.
5. Los decretos de adjudicaciónY las comunicaciones de selección remitidas a los solicitantes en cada ejercicio.
6. La programación realRelación de exposiciones celebradas en los tres espacios desde 2021, indicando si se adjudicaron por el procedimiento reglado o por otra vía y, en tal caso, el acto que las autorizó.
7. La eventual encomienda a otro órganoSi la valoración se hubiera encomendado, en todo o en parte, a órgano o persona distintos del Comité de Selección, copia del acto administrativo que así lo acordara.

Cómo se piden los documentos de las salas de exposiciones municipales

La herramienta es la solicitud de acceso a la información pública, regulada en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en Andalucía además por la Ley 1/2014. Se presenta por la sede electrónica del Ayuntamiento con certificado digital o Cl@ve, y tiene tres características que la hacen especialmente útil.

La primera: no hay que motivarla. El artículo 17.3 dispone que el solicitante no está obligado a explicar por qué pide la información, y que la ausencia de motivación no puede ser causa de rechazo. La segunda: hay plazo. El artículo 20.1 fija un mes para resolver y notificar. La tercera: hay recurso si no contestan. Transcurrido el plazo sin respuesta, el silencio es desestimatorio y se abre un mes para reclamar, de forma gratuita, ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La cláusula nula: cuando te dicen que no cabe recurso

Queda un último detalle del decreto que conviene desactivar. La norma atribuye al comité la facultad de excluir proyectos «sin que quepa recurso ante esta decisión». Esa cláusula es contraria a la ley y, por tanto, nula.

Los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 reconocen el derecho a interponer recurso contra los actos administrativos. Un decreto de alcaldía no puede suprimir un derecho que reconoce una ley: el principio de jerarquía normativa lo impide. Si te excluyen de una convocatoria de salas de exposiciones municipales y te comunican que la decisión es irrecurrible, te han informado mal. Puedes recurrir en reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde la notificación y, después, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Qué conservar siempre si te presentas a unas salas de exposiciones municipales

Tres documentos, y guardarlos no cuesta nada: el justificante de registro con su número de entrada y su fecha sellada, que es lo que acredita cuándo empezaron a correr los plazos; la copia íntegra de lo presentado; y cualquier correo del departamento de cultura, porque los actos propios de la Administración vinculan a la Administración.

Conclusiones sobre las salas de exposiciones municipales de Conil

El acceso a las salas de exposiciones municipales de Conil de la Frontera no es un problema de sensibilidad artística: es un problema de procedimiento. La norma existe desde 2021, es clara, está firmada y obliga a convocar cada año, valorar en órgano colegiado, puntuar con criterios conocidos y resolver por escrito. Lo que no hemos encontrado es el rastro público de esa maquinaria funcionando.

La buena noticia es que esa distancia entre el papel y la realidad se puede medir, y medirla no requiere permiso de nadie ni enfrentarse a nadie personalmente. Siete peticiones documentales bastan para saber si un ayuntamiento aplica sus propias reglas en sus salas de exposiciones municipales. Y cuando no las aplica, el ordenamiento ofrece herramientas gratuitas: el derecho de acceso a la información, el recurso de reposición, la reclamación ante el consejo de transparencia y, en última instancia, la vía contencioso-administrativa.

En ARTENARTE SL llevamos esta convicción a los cuatro proyectos que impulsamos, porque el problema de fondo es siempre el mismo: quién decide quién expone y quién vende.

ARTERNATIVAS existe para que ningún artista dependa de una lista de espera opaca: compra y vende arte contemporáneo sin intermediarios, con tienda propia y condiciones publicadas. FAIA, la Feria de Arte Independiente de Andalucía, aplica el mismo principio al formato ferial: una feria sin filtros, sin intermediarios y sin elitismos, con convocatoria abierta y criterios a la vista. NEXO traslada esa lógica al terreno europeo, porque la movilidad cultural sin fronteras empieza por hacer accesibles los programas que la financian. Y CIAC, el Centro Independiente de Arte Contemporáneo, trabaja para que el arte independiente encuentre su espacio también cuando el espacio público permanece cerrado.

Por un arte contemporáneo justo. Eso empieza, de forma muy concreta, por saber quién firma el decreto de adjudicación de la sala de tu pueblo.